Puntos Clave:
- Denuncian la exclusión de más de 50 mil ciudadanas y ciudadanos del esquema universal de apoyo social en la entidad.
- Se señala la negativa del Ejecutivo estatal para concretar el convenio de coinversión financiera con la Federación.
- Legisladores y sectores sociales exigen etiquetar partidas específicas en el presupuesto para garantizar justicia e inclusión.
En la agenda de derechos fundamentales y políticas públicas del estado, el debate sobre la inclusión de las personas con discapacidad Jalisco ha tomado un cariz crítico ante la falta de avances presupuestales. Organizaciones civiles e integrantes del Partido del Trabajo han denunciado que más de 50 mil personas en esta condición permanecen al margen de la protección social integral debido a la falta de voluntad del Gobierno del Estado para consolidar la universalidad de los apoyos económicos en articulación con el Gobierno Federal.
Falta de coordinación institucional frena derechos de las personas con discapacidad Jalisco
El núcleo del problema estriba en la omisión del Ejecutivo estatal para aportar el 50 por ciento de los recursos necesarios que permitirían empatar la bolsa financiera destinada por las autoridades federales. A diferencia de otras entidades del país donde la pensión se ha extendido de manera universal para personas de entre 0 y 64 años, en la entidad el esquema se mantiene acotado y fragmentado, afectando severamente el ingreso y desarrollo de miles de familias vulnerables en los municipios metropolitanos y del interior.
Esta brecha en la cobertura evidencia un serio déficit en la planificación administrativa y fiscalización del gasto público local. La parálisis en la asignación presupuestal no solo limita la entrega de recursos directos, sino que posterga la creación de infraestructura urbana incluyente, centros de rehabilitación equipados y programas efectivos de reinserción laboral. La política social de bienestar no puede ser rehén de disputas ni de cálculos partidistas entre la administración de Movimiento Ciudadano y las dependencias federales.
Hacia una fiscalización rigurosa y un presupuesto equitativo
Para revertir esta marginación institucional, resulta imperativo que el Congreso del Estado de Jalisco ejerza su facultad de contrapeso y reoriente el gasto presupuestal. La construcción de un sistema estatal de bienestar exige voluntad política para suscribir los convenios interinstitucionales pendientes y etiquetar partidas financieras claras y transparentes. La atención prioritaria a sectores históricamente relegados representa una obligación constitucional indispensable para cerrar la brecha de desigualdad en Jalisco.
