La proyección del documental Canales de la muerte: la última frontera, obra del fotoperiodista Jorge Ángel Pablo García, colocó en el centro del debate nacional una de las heridas más profundas de la agenda social y de seguridad en México: la labor ininterrumpida de las madres y colectivos de familias buscadoras en las zonas conurbadas del Estado de México y diversos puntos del país. El trabajo audiovisual trasciende el registro testimonial para situar ante la opinión pública, el Congreso de la Unión y los gobiernos locales la necesidad imperiosa de transformar las estructuras institucionales de atención, fiscalización e identificación de personas desaparecidas.
El reto de la coordinación forense y la capacidad operativa del Estado
A lo largo de los últimos años, la falta de capacidad técnica y de respuesta inmediata en diversas fiscalías estatales ha orillado a los colectivos de familias a encabezar rastreos en terrenos agrestes, barrancas y canales de aguas negras. La fragmentación entre los registros locales y el sistema federal ha generado un cuello de botella en los servicios periciales, afectando los tiempos de respuesta e identificación. El reclamo central de las organizaciones no gubernamentales apunta hacia la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses y la asignación transparente de presupuestos específicos para las comisiones de búsqueda en cada entidad federativa.
Desde la perspectiva de la política pública y el diseño institucional, la superación de esta crisis demanda un compromiso coordinado que trascienda los periodos gubernamentales. La articulación entre la Secretaría de Gobernación, las fiscalías generales y los sistemas de seguridad pública requiere protocolos unificados que impidan la dilación en las primeras horas de reporte, momento crucial para la localización con vida y la preservación de indicios en las zonas metropolitanas y rurales.
Qué implica la consolidación del sistema de búsqueda para los ciudadanos
Para la sociedad civil, la edificación de una política de búsqueda ágil e institucionalizada se traduce en garantías fundamentales de justicia, certidumbre jurídica y seguridad pública. El fortalecimiento de las capacidades operativas no solo protege el derecho a la verdad de las víctimas e integrantes de colectivos, sino que establece precedentes indispensables para combatir la impunidad y sancionar a las redes criminales que operan en las periferias urbanas.
Asimismo, el impulso a la legislación en materia de declaración de ausencia facilita a los familiares el acceso a derechos sociales, resguardo de patrimonio y protección a menores de edad sin atravesar juzgados durante lapsos burocráticos prolongados. En los debates presupuestales venideros, la asignación de recursos a las comisiones de atención a víctimas servirá como termómetro del compromiso institucional para saldar una deuda histórica con la dignidad humana.
