El Congreso del Estado de Jalisco dio un paso decisivo en la ordenación del espacio público al aprobar un nuevo marco regulatorio que prohíbe de manera tajante la circulación de vehículos eléctricos de movilidad personal, como monopatines y scooters, sobre las banquetas y zonas peatonalizadas. La reforma, impulsada desde la Comisión de Movilidad y Transporte del Poder Legislativo local, busca poner freno al vacío normativo que ha generado incidentes viales y riesgos constantes para los transeúntes en las principales áreas urbanas de la entidad.
La iniciativa, encabezada por la diputada Alejandra Giadans Valenzuela, responde a la creciente adopción de alternativas de transporte libre de emisiones en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Si bien el auge de la electromovilidad contribuye a la descarbonización del transporte urbano, la falta de delimitación clara sobre las zonas permitidas para su tránsito había derivado en una invasión de la infraestructura peatonal, vulnerando la seguridad de adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.
Un marco legal ante la irrupción de la micromovilidad
Con las nuevas disposiciones aprobadas por los legisladores locales, los usuarios de unidades eléctricas personales deberán desplazarse exclusivamente por ciclovías, carriles compartidos o calles con velocidad controlada. La legislación establece especificaciones claras sobre los límites de velocidad y el equipamiento mínimo obligatorio, como el uso de casco de protección, luces y elementos reflectantes. De este modo, la norma busca equilibrar la promoción de tecnologías sostenibles con la garantía constitucional a una movilidad segura y accesible.
Desde la perspectiva institucional, esta reforma representa una actualización indispensable ante la rápida transformación tecnológica que experimenta la movilidad urbana en México. Ciudades con alta densidad demográfica, como Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, requieren reglas claras para evitar que la innovación en el transporte sustituya la prioridad peatonal contemplada en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel federal.
Sanciones y convivencia vial: el reto de la supervisión municipal
El verdadero desafío de esta norma radicará en su ejecución práctica por parte de las comisarías de vialidad y las dependencias de movilidad municipal. La aplicación de sanciones administrativas y operativas requerirá una coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos metropolitanos, evitando que la medida quede como un mero catálogo de intenciones legislativas sin impacto real en las calles.
Para la ciudadanía, la regulación implica un cambio cultural relevante en los hábitos de desplazamiento cotidiano. Aquellas personas que utilizan monopatines o bicicletas eléctricas para conectar con redes de transporte masivo deberán adecuar sus trayectos a la infraestructura ciclista existente. Esta transformación cívica exigirá también que las autoridades locales inviertan en la ampliación y mantenimiento de ciclovías seguras, garantizando que el retiro de estos vehículos de las banquetas no signifique un riesgo de atropellamiento para los usuarios en vialidades de alta velocidad.
