A diecisiete meses de su aprobación, el decreto que daría vida a la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura en Jalisco sigue sin ser publicado, dejando en un limbo institucional una herramienta crucial para la justicia y la protección de los derechos humanos en la entidad. Esta prolongada omisión por parte de las autoridades estatales no solo contraviene el espíritu de la legislación aprobada, sino que también profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia.
La creación de esta fiscalía es una exigencia largamente planteada por organismos de derechos humanos y víctimas, ante la persistencia de denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en el estado. Su propósito es dotar a Jalisco de un organismo autónomo y especializado capaz de investigar y sancionar estos crímenes, garantizando que no queden impunes y que las víctimas accedan a la verdad, la justicia y la reparación integral.
El costo de la inacción legislativa y ejecutiva
La demora en la publicación del decreto no es un mero tecnicismo administrativo; tiene consecuencias directas y profundas. Cada día que pasa sin esta fiscalía operativa, las víctimas de tortura en Jalisco ven mermadas sus posibilidades de obtener justicia. La falta de un ente especializado significa que las investigaciones pueden ser dilatorias, carecer de la pericia necesaria o, peor aún, ser obstaculizadas por conflictos de interés dentro de las propias estructuras de seguridad y procuración de justicia.
Esta omisión también envía un mensaje preocupante sobre el compromiso del estado de Jalisco con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. México ha ratificado diversos tratados que obligan a los estados a prevenir, investigar y sancionar la tortura. La inoperancia de una fiscalía especializada en este contexto es una señal de alerta que podría atraer el escrutinio de organismos nacionales e internacionales, afectando la imagen y la credibilidad del gobierno estatal.
Un llamado urgente a la responsabilidad institucional
La responsabilidad de esta inacción recae tanto en el Poder Legislativo, que aprobó la creación de la fiscalía, como en el Poder Ejecutivo, encargado de la publicación y, por ende, de la entrada en vigor del decreto. Es imperativo que ambas instancias coordinen esfuerzos para subsanar esta falla a la brevedad. La transparencia y la rendición de cuentas exigen una explicación clara sobre los motivos de esta demora y un calendario preciso para su resolución.
La sociedad jalisciense, y en particular las organizaciones defensoras de derechos humanos, deben mantener la presión sobre las autoridades para que esta fiscalía sea una realidad. La existencia de una institución robusta y autónoma para combatir la tortura es un pilar fundamental de cualquier estado de derecho que se precie de proteger la dignidad humana. La dilación actual es un recordatorio de que la voluntad política es tan esencial como la promulgación de las leyes para garantizar su efectividad en la vida de los ciudadanos.
Te puede interesar
- La Ley de Ingresos 2027 desata controversia: el endeudamiento público bajo el escrutinio de la oposición
- La crisis hídrica de Guadalajara escala a la esfera federal: Sheinbaum exige investigación tras represión
